---INDICE--- <h2>La corrupción en las contrataciones públicas </h2> Aunque las contrataciones públicas sean un factor fundamental para que el Estado pueda suplir sus necesidades para la adquisición de bienes, servicios u obras, a través del acuerdo con las empresas privadas, este siempre mantuvo un problema inherente de los pactos entre ambas partes, la corrupción. Según Cazzola (2006), la corrupción se define como un conjunto de fenómenos que generan una conducta y comportamiento contrario a la legalidad y, en el caso de las contrataciones públicas, se desvía de los deberes formales para obtener un beneficio indebido. Por tanto, constituye un problema público tan grande como su dificultad para regularlo, y es que este se puede encontrar hasta en el más ínfimo detalle que puede pasar desapercibido por el mecanizado sistema de control público. Ante esto, el régimen de la contratación pública ha intentado mitigar, mediante distintas regulaciones, tanto la motivación de esta en el procedimiento de contratación como la identificación del hecho una vez realizado. Por ejemplo, hicieron obligatorio que todo contrato regido por la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, tuviese una cláusula obligatoria anticorrupción, para que, de esa manera, si el proveedor se ve involucrado en temas de corrupción, por más que aún no haya sentencia de por medio, el contrato se resuelve de facto. También está la obligatoriedad de que ciertos procedimientos de selección y notificaciones realizadas se hagan por el sistema electrónico público del SEACE, para así transparentar toda la información que contenga el contrato, y cualquiera con un interés legítimo pueda revisarlo. Aun así, se estima que aproximadamente el 40% de las contrataciones públicas están con riesgo de que se cometan actos de corrupción, principalmente por sus bajos niveles de control en etapas decisivas del procedimiento de selección o ejecución contractual. Entonces, ¿cuál podría ser la solución para minimizar el problema? Pues todo indica que las nuevas tecnologías tales como la inteligencia artificial, o el “Blockchain”, pueden ofrecer una respuesta más que llamativa. <h2 class="ql-align-justify">El Blockchain como herramienta para evitar la corrupción </h2> Muchas personas no lo saben, pero la tecnología del Blockchain ya está utilizándose dentro del proceso de las contrataciones públicas en el Perú. Específicamente, el Portal Perú Compras, el cual está dedicada a las compras automatizadas realizadas en línea por el Estado. La misma entidad reveló en 2020 que Perú Compras había registrado más de 154 mil órdenes de compra regulados por la tecnología Blockchain, representando una seguridad a un monto contratado aproximado de S/. 1’540,375,120.80. Pero ¿qué es el Blockchain? Por su traducción literal al español, es una “cadena de bloques” que funciona como base de datos virtual, y se caracteriza por robustecer la seguridad de cada “bloque de información” a través de un sistema de encriptación sumamente complejo, pero que para la necesidad del presente artículo podemos resumir en que esta tecnología ha probado que la información que se almacene en ella puede ser tanto pública para cualquiera que la necesite ver (Masumara &amp; Acosta, 2021), como completamente segura para evitar la modificación de documentación pública importante y fundamental en el proceso. La administración pública de diversos estados no ha sido ajena a este repentino avance tecnológico, y ya se plantearon diversas maneras de usarlo a favor de la seguridad de la información de sus sistemas. Los llamados contratos inteligentes o “smart contracts” aseguran que el trabajo de contabilidad de estos sea inmutable y que se incremente la transparencia de los procedimientos, junto con la inviolabilidad de la información que se presenten en dicho sistema, evitando así unos cambios que no hayan sido aprobados previamente. Si uno analiza detenidamente dichos beneficios, se da cuenta de que el Blockchain justo trae beneficios en los aspectos donde más suele proliferar los actos de corrupción en los procesos públicos. Exactamente, aquella inseguridad en la transparencia de la información, que comúnmente debe ser llevada por una cadena de personas que puede ser corruptible, ahora sería llevado por un medio tecnológico que está programado para que la información dentro de ella permanezca completamente inmutable, y por lo tanto incorruptible. Es por este motivo por el que la implementación adecuada de esta tecnología podría brindar resultados excepcionales dentro de los procesos de contratación pública que son conocidos en numerosas ocasiones por las dudas razonables planteadas de corrupción. <h2 class="ql-align-justify">El Blockchain en las contrataciones públicas </h2> El primer caso mundial de una contratación pública regulado con Blockchain se dio en España, en el año 2020, con el objetivo de transparentar el acuerdo y condiciones, a la par que reducir el índice de corrupción. Justamente este contrato se dio por el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, siendo una adjudicación de una empresa encargada de suministrar 35,000 mascarillas reutilizables. Como se puede ver, el sistema Blockchain actúa justo como un sistema para transparentar y asegurar los acuerdos que se realicen en el procedimiento de selección y cualquier modificación del contrato posterior a la adjudicación de este. De esta manera, cada procedimiento que vaya a ser llevado por razón de una contratación pública es pasible de ser regulado por el uso de Blockchain. ¿Y en el Perú? Bueno, puede parecer sorpresa, pero lo cierto es que desde 2019, la plataforma de Perú Compras lleva utilizando la tecnología Blockchain para registrar las compras públicas que se realicen por su plataforma. En números exactos, más de 154 mil órdenes de compra fueron registrados en la plataforma Perú Compras por medio de Blockchain para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción imperante en el medio. Si bien, aun no es usada de manera directa para los procedimientos de selección de una licitación o concurso público, su aplicación en este tipo de plataformas prueba la compatibilidad que hay entre el sistema de la administración pública, las leyes y este uso de tecnologías. En el marco de la nueva Ley Nº 32069, a través de su principio de innovación, la compra pública de innovación, y el nuevo sistema unificado de PLADICOP, que administra toda la información requerida para los procesos de contratación pública, estamos seguros de que se podrá seguir explorando el uso de Blockchain como una tecnología que complemente la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas. <h2 class="ql-align-justify">Otras tecnologías presentes en la contratación pública </h2> En estos últimos años se han estado incluyendo al contexto de la administración pública una serie de tecnologías que también apoyan la lucha contra la corrupción y otros males endémicos de la administración pública en las contrataciones del Estado. La misma modernización del sistema del SEACE a PLADICOP, que promete un sistema totalmente robusto para que las nuevas tecnologías digitales optimicen procesos y mejoren la transparencia, se puede mencionar. La implementación de firmas digitales en gran parte de la administración pública ha agilizado varios procesos de contratación pública, y asegurado documentos digitalizados para que puedan ser guardados eficientemente en las plataformas de cada entidad. Ahora, otro punto importante que puede optimizar y asegurar más el proceso de contratación pública es el uso de la inteligencia artificial, pero ¿de qué forma o en qué área se podría aplicar? En primera, la IA serviría en la etapa del estudio de mercado por parte de los contratistas, pues esta tiene la capacidad de automatizar el estudio de grandes volúmenes de datos y así brindar mejores resultados para saber qué producto, servicio u obra pedir para cumplir con la finalidad pública. En segunda, la IA también puede ser entrenada para, a través de modelos predictivos, anticipar necesidades futuras de bienes y servicios, y por tanto optimizar la planificación de comprar y reducir los gastos innecesarios. <h2 class="ql-align-justify">Retos por seguir para implementar estas nuevas tecnologías </h2> <ol><li data-list="bullet" class="ql-align-justify">Vacío legal: Uno de los mayores obstáculos identificados para la implementación de estas tecnologías es el vacío legal existente. Diversas fuentes mencionan que, a nivel nacional y regional, Blockchain carece de regulación clara, por lo que su aplicación a gran escala depende otra vez de un factor externo: la legislación del tema. Este desafío es particularmente relevante para Perú, donde sería necesario desarrollar un marco normativo específico que contemple las particularidades de estas tecnologías en la rama de la contratación pública. Es importante agregar que no sería un camino que se tenga que comenzar de cero, puesto que diversas entidades como la SBS o la SUNARP han reconocido mediante diversas resoluciones la existencia de las criptomonedas y sus sistemas en diversos hechos que requieren intervención del Estado. Es importante mencionar que actualmente existe el Proyecto de Ley Nº 1042-2021-CR que pretende crear un marco legal para las criptomonedas y su uso. </li></ol> <ol><li data-list="bullet" class="ql-align-justify">Capacitación y resistencia al cambio: La implementación de estas tecnologías requeriría un amplio programa de capacitación para funcionarios públicos y proveedores. La administración pública, por tanto, tendría que elaborar un sistema entero de responsabilidades para gestionar adecuadamente estas nuevas herramientas, lo que implica una inversión significativa en desarrollo de capacidades. Por otra parte, la resistencia cultural al cambio clásico de los diversos funcionarios públicos y del sistema administrativo en sí, podría representar un obstáculo significativo. En un entorno como el peruano, donde muchos procesos siguen siendo altamente dependientes del papel y los procedimientos tradicionales, la transición hacia un sistema digitalizado en el área de la contratación pública podría encontrar resistencias tanto prácticas como psicológicas. </li></ol> <h2 class="ql-align-justify">Conclusiones </h2> Se ha analizado de manera integral los desafíos que enfrenta la contratación pública en el Perú frente a la corrupción, destacando cómo este fenómeno ha persistido a pesar de las regulaciones implementadas por el Estado, como la cláusula anticorrupción y el uso obligatorio del SEACE, actualmente PLADICOP. En respuesta a esta problemática, se ha explorado el potencial del uso de tecnologías emergentes, particularmente el Blockchain y la inteligencia artificial, como mecanismos eficaces para transparentar los procesos, asegurar la integridad de la información y reducir significativamente los márgenes de corrupción. Se ha evidenciado que el Blockchain ya viene siendo implementado en plataformas como Perú Compras, ofreciendo ventajas como la inmutabilidad de los datos y la trazabilidad de las operaciones. Asimismo, se han identificado usos prometedores de la inteligencia artificial en etapas clave del proceso de contratación, como la planificación y el análisis predictivo. Finalmente, se han abordado los principales retos para su implementación, entre ellos el vacío legal, la necesidad de capacitación y la resistencia al cambio en el sector público. En este contexto, el avance en el uso de tecnologías como el Blockchain y la inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para transformar radicalmente la contratación pública, no solo en el Perú, sino a nivel global. Estas herramientas prometen elevar los estándares de transparencia y eficiencia, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, si estos cambios no se adoptan de manera oportuna y decidida, existe el riesgo de perpetuar sistemas vulnerables a la corrupción, desaprovechando el inmenso potencial que ofrecen las tecnologías disruptivas para construir una administración pública más justa, moderna y confiable.

Cazzola, F. (2006). Conceptualizando la corrupción. Revista Metropolitana, 10, (45).

Masumara Ynami, D. L., & Acosta Chia, V. A. (2021). Atando los nodos sueltos: Blockchain para la reducción de corrupción en las licitaciones públicas de ProInversión.

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Capuñay, F., Ferruzo, D., Cillóniz, B. (2016). ¿Debe implementarse el Arbitraje de Emergencia en el Perú? Revista de Arbitraje PUCP, (6), 9-18.

Ezcurra, H., Olórtegui, J. (2013). Y ahora, ¿quién podrá defendernos?, el árbitro de emergencia. Revista Advocatus, (28), 97-109.

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