Introducción
El gobierno de Brasil ha decidido suspender temporalmente la cooperación jurídica internacional con Perú en los casos vinculados a la constructora Odebrecht. Esta medida, adoptada por la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil, podría tener repercusiones significativas en los procesos arbitrales en los que Odebrecht está involucrado en Perú, especialmente en el caso del Gasoducto Sur Peruano.
La decisión brasileña plantea interrogantes sobre la validez de las pruebas utilizadas en los procesos judiciales peruanos en el Caso Odebrecht y podría influir en los resultados de los arbitrajes internacionales en curso. ¿Cómo afectará esta suspensión a los intereses del Estado peruano? ¿Qué implicancias tiene para la lucha contra la corrupción en el país? Estas y otras preguntas surgen en un contexto de creciente incertidumbre jurídica.
El caso Odebrecht en Perú: una visión general
El escándalo de corrupción de Odebrecht ha tenido un impacto profundo en Perú, involucrando a altos funcionarios y exmandatarios en una red de sobornos y lavado de activos. Entre los casos más emblemáticos se encuentran los de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, así como diversos funcionarios de alto nivel.
La investigación ha sido liderada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, conformado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Este equipo ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades brasileñas para obtener testimonios y documentos clave que han permitido avanzar en las investigaciones.
Sin embargo, la reciente suspensión de la cooperación jurídica por parte de Brasil pone en entredicho la validez de algunas de las pruebas obtenidas y podría obstaculizar el progreso de los casos en curso.
El uso indebido de pruebas y la repercusión en el proceso arbitral internacional
La decisión de Brasil de suspender la cooperación jurídica con Perú se basa en la presunta utilización indebida de pruebas proporcionadas a las autoridades brasileñas. Según informes, la fiscalía peruana habría empleado pruebas que fueron invalidadas por la justicia brasileña o que se utilizaron en contextos distintos a los autorizados.
Todo comenzó con una decisión tomada en 2023, donde juez José Antonio Dias Toffoli del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, había declarado como inválido las pruebas presentadas por la Fiscalía del Perú. Por dicha razón, ahora la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil suspendió el acuerdo de cooperación jurídica internacional con el Perú relacionados a los casos de la empresa Odebrecht.
Entre las razones usadas por el juez, figura principalmente las encontradas en el proceso arbitral que se está llevando entre Odebrecht y Perú por el caso del Gasoducto Sur Peruano. Según medios brasileños, los fiscales peruanos habrían usado como prueba dentro del arbitraje, declaraciones del expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht que se encontraban protegidas por el acuerdo de colaboración eficaz firmado en 2019, violando presuntamente las cláusulas de los términos que prohibían el uso de evidencia en procedimientos no autorizados, según el mencionado acuerdo. Cabe señalar que, en dicho arbitraje internacional, la empresa ahora conocida como Novonor (ex Odebrecht), reclama cerca de 1000 millones de dólares en indemnizaciones.
Por su parte el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato en el Perú, señala que dicha suspensión solo es momentánea, y que en un lapso de 90 días presentarán las precisiones pertinentes a las autoridades brasileñas, negando de manera rotunda el haber utilizado “pruebas prohibidas” y reiterando que el Ministerio Público siempre ha respetado el debido proceso. Aun así, la decisión de suspender la cooperación judicial puede ser usado por la constructora brasileña para presionar al Perú en sus procesos arbitrales del Gasoducto Sur Peruano, generando una preocupación sobre la integridad de los procesos judiciales en Perú y previendo ciertas implicancias en los arbitrajes internacionales en los que el país está involucrado.
Adentrándonos más en el arbitraje internacional relacionado con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, se puede mencionar que este proyecto, adjudicado a un consorcio conformado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, fue cancelado en 2017 por el gobierno peruano debido a la imposibilidad de Odebrecht de lograr el cierre financiero necesario para su ejecución.
En respuesta, Enagás presentó una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la cancelación del contrato constituyó una expropiación indirecta de su inversión. En diciembre de 2024, el CIADI falló a favor de Enagás, ordenando al Estado peruano pagar una indemnización de 194 millones de dólares, equivalente a 721.68 millones de soles.
Volviendo al caso de Odebrecht, la suspensión de la cooperación jurídica por parte de Brasil podría ser utilizada por la constructora brasileña como argumento en el mencionado arbitraje internacional. La empresa podría alegar que las pruebas utilizadas en su contra fueron obtenidas de manera irregular, lo que pondría en duda la validez de las decisiones judiciales peruanas.
Todo este contexto provoca que la falta de avances en las investigaciones relacionadas con los arbitrajes de Odebrecht haya sido objeto de críticas, generando indignación en la población sobre los actuales representantes del Equipo Especial de Lava Jato.
Conclusiones
La suspensión de la cooperación jurídica por parte de Brasil representa un giro significativo en los casos relacionados con Odebrecht en Perú. Esta medida pone en entredicho la validez de las pruebas utilizadas en los procesos judiciales peruanos y podría influir en los resultados de los arbitrajes internacionales en curso. El proceso arbitral del Gasoducto Sur Peruano ejemplifica las posibles consecuencias financieras de estos arbitrajes para el Estado peruano. El fallo del CIADI a favor de Enagás, que obliga a Perú a pagar una indemnización millonaria, evidencia los riesgos asociados a la cancelación de contratos en contextos de corrupción.
Además, la falta de avances en las investigaciones sobre los arbitrajes de Odebrecht y las críticas a la actuación de la Fiscalía peruana generan preocupación sobre la capacidad del sistema judicial para sancionar la corrupción. Teniendo el presente contexto, surgen preguntas inquietantes: ¿Podrá Perú defender sus intereses en los arbitrajes internacionales sin la cooperación de Brasil? ¿Qué medidas tomará el Estado para garantizar la validez de las pruebas utilizadas en los procesos judiciales? ¿Cómo afectará esta situación a la lucha contra la corrupción en el país?
La respuesta a estas interrogantes será clave para determinar el rumbo de la justicia y la integridad institucional en Perú.
