Introducción
Introducción
En los últimos años, el Perú se ha convertido en el epicentro de una preocupante tendencia global: el crecimiento exponencial de los arbitrajes internacionales de inversión en su contra. Las cifras no mienten. Nuestro país ha alcanzado el primer lugar en el ranking de Estados más demandados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un órgano del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas extranjeros y Estados receptores. Este hecho no solo revela un problema estadístico, sino una falla estructural en la gestión pública, con consecuencias económicas directas para toda la ciudadanía.
Lo más llamativo no es únicamente la cantidad de procesos, sino también el viraje en la capacidad de defensa del Estado peruano. Mientras en el pasado se lograban resolver la mayoría de las disputas a favor del país, hoy las derrotas son cada vez más frecuentes y costosas. En consecuencia, el impacto no se limita al plano jurídico: se extiende al presupuesto nacional, a la imagen internacional del país y, sobre todo, a la confianza que los inversionistas depositan en el Perú.
En el presente artículo, exploraremos a fondo las causas y efectos del creciente mundo del arbitraje de inversiones en el Perú, examinando las razones estructurales y políticas que han colocado al país en esta situación, y analizando las medidas urgentes que deben adoptarse para frenar esta tendencia y proteger el interés público.
El aumento acelerado de demandas contra el Estado peruano
Desde que Perú suscribió la Convención del CIADI en 1998, el arbitraje de inversiones ha pasado de ser una figura marginal a convertirse en un fenómeno de altísima relevancia en la política pública nacional. En sus primeros doce años de membresía, el país enfrentó apenas cinco arbitrajes ante este foro internacional. Sin embargo, en los últimos quince años, el panorama cambió drásticamente: entre 2010 y 2025, Perú acumuló 42 demandas ante el CIADI, lo que lo posiciona actualmente como el país más demandado del mundo en este tribunal.
A febrero de 2025, se reportan 22 procesos activos en el CIADI contra el Perú, y lo más preocupante es que 19 de esos casos se iniciaron entre 2020 y 2024. Este dato no solo refleja la velocidad con la que se han acumulado las controversias, sino también un problema reciente de origen político, jurídico y administrativo. Aunque existen otros foros de arbitraje, como la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), donde el Perú también ha enfrentado demandas, es el CIADI el que concentra el mayor volumen de casos y de atención internacional.
Este crecimiento sostenido ha cobrado relevancia en el ámbito jurídico y económico. Ya no se trata solo de un aumento en la cantidad de disputas, sino de una señal de debilidad institucional en la gestión de inversiones y contratos con actores extranjeros. La dimensión del problema va más allá de las estadísticas: cada proceso representa un potencial riesgo millonario para el país, en términos tanto de pago de indemnizaciones como de pérdida de credibilidad ante el mundo.
Las causas estructurales detrás del incremento de arbitrajes
El notable aumento de arbitrajes internacionales contra el Estado peruano no puede explicarse solo por factores externos o decisiones puntuales. Existen causas estructurales que revelan profundas deficiencias en la capacidad estatal para prevenir, gestionar y resolver disputas con inversionistas extranjeros de manera eficiente.
Una de las principales fallas estructurales radica en la débil institucionalidad para la toma de decisiones estratégicas en las etapas previas al litigio. El llamado "trato directo" —fase inicial donde el Estado y el inversionista buscan una solución amigable— debería ser una oportunidad clave para evitar arbitrajes, pero muchas veces se desperdicia por la falta de preparación, liderazgo técnico o voluntad política. En este periodo se podría —y debería— evaluar si el caso amerita una defensa arbitral o si resulta más eficiente llegar a un acuerdo que evite los elevados costos y riesgos del arbitraje. Sin embargo, esta valoración estratégica suele estar ausente.
El sistema que debería liderar esta etapa, el SICRECI (Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión), no siempre cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes. La falta de profesionalización de este mecanismo genera decisiones tardías, descoordinadas o poco informadas. Como consecuencia, el Estado entra a arbitrajes sin una estrategia clara o con posiciones procesales débiles, lo cual aumenta las probabilidades de derrota.
Además, la falta de continuidad en los equipos responsables de las controversias —debido a la rotación constante de funcionarios— dificulta la construcción de una defensa sólida y coherente a lo largo del tiempo. En resumen, el Estado peruano enfrenta disputas cada vez más complejas con herramientas institucionales frágiles, lo que lo deja en desventaja frente a empresas multinacionales que sí cuentan con experiencia y equipos legales altamente especializados.
La inestabilidad política y el populismo como aceleradores
Más allá de los problemas estructurales, el contexto político volátil y las decisiones populistas han actuado como catalizadores en el aumento de arbitrajes de inversión contra el Estado peruano. En los últimos años, el país ha atravesado una inestabilidad gubernamental sin precedentes, con múltiples cambios de presidentes, ministros y altos funcionarios, lo que ha debilitado la continuidad de políticas públicas y la gestión técnica de controversias internacionales.
Esta alta rotación impide el fortalecimiento institucional, ya que los funcionarios clave rara vez permanecen el tiempo suficiente para implementar estrategias de defensa o resolver disputas de manera anticipada. Como resultado, decisiones administrativas precipitadas, mal evaluadas o motivadas políticamente terminan convirtiéndose en demandas internacionales costosas para el Estado. El arbitraje ya no es consecuencia de un problema estructural únicamente, sino también del cortoplacismo con que se toman muchas decisiones públicas.
A esto se suma el uso de medidas intervencionistas o populistas que, aunque buscan apoyo ciudadano inmediato, pueden desconocer compromisos asumidos con inversionistas extranjeros. Un caso paradigmático es el de los contratos de peaje, donde decisiones tomadas bajo presión social han generado incumplimientos que escalaron a arbitrajes. Lo más crítico es que, incluso cuando el conflicto se origina en el nivel local o regional, es el Gobierno Central el que debe responder ante tribunales internacionales, comprometiendo recursos de todo el país.
Además, la excesiva litigiosidad tributaria en el país también ha empujado a varios inversionistas a activar cláusulas de arbitraje internacional. Cuando las decisiones fiscales son percibidas como desproporcionadas o arbitrarias, se pierde confianza en los mecanismos internos de justicia, llevando a las empresas a buscar protección en foros externos. Esto demuestra que el arbitraje no surge como un capricho, sino como una reacción a la falta de confianza en el sistema institucional nacional.
El impacto en el presupuesto público
El crecimiento sostenido de arbitrajes de inversión contra el Estado no solo representa un problema legal o diplomático, sino que constituye una amenaza directa al presupuesto público. Cada vez que el Estado peruano pierde un arbitraje internacional, la obligación de pagar indemnizaciones recae en el tesoro nacional, es decir, en los recursos que deberían destinarse a educación, salud, infraestructura o lucha contra la pobreza.
El problema se agrava cuando la controversia surge por decisiones de autoridades subnacionales o entidades específicas, como municipios o gobiernos regionales, pero la responsabilidad final recae en el Estado central, quien debe cubrir la indemnización impuesta por el tribunal internacional. En otras palabras, los errores locales se convierten en deudas nacionales, con un impacto financiero desproporcionado que perjudica a toda la población.
Además, estos pagos no suelen ser menores. La reciente pérdida de casos como el de $302 millones en el CIADI evidencia el alto costo de las decisiones mal evaluadas. Incluso si el caso parte de una disputa aparentemente menor, el resultado puede implicar compensaciones multimillonarias, incluyendo no solo el capital dejado de percibir por el inversionista, sino también intereses, costas arbitrales y honorarios legales.
Lo más preocupante es que, en muchos de estos casos, el arbitraje pudo haberse evitado mediante una negociación oportuna en la etapa de trato directo, o incluso con una política de Estado coherente y predecible. La falta de análisis de costo-beneficio en estas decisiones conduce a que el Estado enfrente procesos cuya resolución, por vía judicial o arbitral, resulta significativamente más costosa que una solución temprana.
¿Cómo se podría revertir esta tendencia?
Frente a un escenario que combina el aumento sostenido de demandas arbitrales y una preocupante tasa de derrotas, la respuesta estatal no puede seguir siendo reactiva. El Perú necesita implementar reformas estructurales que permitan prevenir los arbitrajes de inversión y, en caso de que estos se inicien, contar con una defensa técnica sólida y estratégica.
En primer lugar, es urgente fortalecer el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRESI). Este organismo debería operar con mayor autonomía técnica, contar con un equipo especializado de planta, con continuidad institucional y presupuesto propio, y dejar de depender de cambios políticos o de funcionarios de paso. Su función debe ir más allá de coordinar la defensa jurídica: debe ser un órgano de prevención, análisis de riesgos y toma de decisiones estratégicas.
En segundo lugar, se requiere aprovechar una etapa de trato directo. Esto implica crear un protocolo claro y obligatorio para que cada entidad pública evalúe con profundidad técnica si una controversia puede ser resuelta sin acudir al arbitraje. Esta etapa debe incluir evaluaciones jurídicas, económicas y sociales, así como un componente político que permita la toma de decisiones que no se limiten al temor a la Contraloría o al ruido mediático.
También es esencial garantizar estabilidad política y técnica en los órganos del Ejecutivo que toman decisiones vinculadas a contratos de inversión. La rotación constante de ministros, directores y asesores impide generar una política de Estado coherente en materia de inversión. La defensa de los intereses nacionales exige continuidad, memoria institucional y personal capacitado. Otro factor determinante es la necesidad de revisar las políticas fiscales, especialmente las actuaciones de SUNAT y del Tribunal Fiscal, para evitar que acotaciones tributarias percibidas como arbitrarias sean la chispa que encienda una controversia internacional. La transparencia, previsibilidad y razonabilidad en el trato a los inversionistas no solo son principios de buena administración, sino que constituyen elementos clave para la prevención de arbitrajes. Finalmente, el país debe asumir que la seguridad jurídica y la reputación internacional no son negociables. Si Perú pretende seguir siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, debe actuar como un socio confiable: respetar los contratos, garantizar estabilidad normativa y evitar decisiones políticas cortoplacistas que puedan violar los compromisos adquiridos.
Conclusiones
En conclusión, el fenómeno del arbitraje de inversiones en el Perú ha dejado de ser un tema técnico reservado para expertos y se ha convertido en una preocupación nacional. La etiqueta de ser el país más demandado ante el CIADI no es solo una estadística llamativa, sino una llamada de atención urgente sobre cómo estamos gestionando nuestras relaciones contractuales, nuestro aparato estatal y nuestra imagen internacional. El reto no está únicamente en defendernos mejor en los tribunales, sino en prevenir aquello que nos lleva a ellos.
Evitar la litigiosidad que innecesaria, fortalecer el análisis de riesgo en la administración pública, profesionalizar la toma de decisiones estratégicas y consolidar una cultura de cumplimiento de compromisos son pasos indispensables para recuperar la confianza de los inversionistas y proteger el interés de todos los peruanos. Porque mientras no resolvamos estas debilidades internas, el costo del arbitraje seguirá siendo pagado por quienes menos deberían cargar con él: los ciudadanos.
